La semana del 11 al 17 de marzo de 2013 nos movilizamos por la Europa de las personas y contra la Europa de los mercados. Decenas de colectivos y organizaciones de toda Europa llamaron a la protesta coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea de Bruselas de los días 14 y 15.
En las últimas décadas distintas modificaciones legales han ido arrinconando a la clase trabajadora y haciéndola perder su poder social. Ese proceso se ha acelerado hasta lo insoportable en los últimos años. La tan traída y llevada flexibilidad (aún en su forma maquillada, la flexi-seguridad) no ha hecho otra cosa que debilitar y precarizar a los sectores más numerosos de la clase obrera. Al fin y al cabo, no se trata de otra cosa que de arrumbar la posición del trabajador en el centro de trabajo, haciéndole someterse a todas las órdenes del empleador, sean cuales sean.
La contratación temporal (que sigue siendo la que más se realiza cada año), el trabajo a tiempo parcial manipulado para convertirlo en “trabajo a la carta”, la contratación indefinida con derechos recortados (con el nuevo “contrato de apoyo a emprendedores” con período de prueba de un año), las Empresas de Trabajo Temporal y las agencias privadas de colocación, la subcontratación, el despido prácticamente libre y pobremente indemnizado, la legalización y la tolerancia con las “zonas grises” con las que los empresarios consiguen lisa y llanamente huir del cumplimiento de los derechos laborales (falsos autónomos, becarios, migrantes…), la posibilidad acrecentada de modificar unilateralmente por parte del empleador casi cualquier condición laboral pactada; todo ello ha servido para hacer que la precariedad campara a sus anchas en el mercado de trabajo español. La época del trabajador con contrato fijo y con derechos ha llegado a su fin. Eso sólo lo ven unos cuantos, a los que se ataca llamándoles “privilegiados” porque mantienen, en la cuerda floja, algunos derechos que deberíamos tener todos. Un mal ejemplo, dicen los medios de comunicación pagados por los patrones.
La realidad laboral para la mayoría de la población es la de una relación siempre débil con el puesto de trabajo, ante la espada de Damocles del despido facilitado; la de la rotación acelerada de períodos de trabajo y paro; la de la ausencia de todo derecho laboral; la de interminables jornadas y falta de seguridad e higiene; o la del desempleo puro y duro, utilizado por el empresariado para imposibilitar toda reivindicación del elemento asalariado.
La reforma laboral ha sancionado y profundizado este escenario. La reforma que incluye de la negociación colectiva pretende llevarlo aún más lejos al impedir todo contrapoder sindical en el ámbito laboral y al intentar enfrentar a unos trabajadores contra otros (esa es, al fin y al cabo, la finalidad de que los convenios se negocien en la empresa y no en el sector). La reforma de las pensiones promete a los jóvenes, después de una vida de precariedad y trabajo sin derechos, una ancianidad con míseras prestaciones.
Recapitulemos: venimos de décadas de reformas sin fin animadas por la idea de la flexibilización de la relación laboral, sustentada sobre la tesis neoliberal de que abaratar el factor trabajo facilita la contratación. Una tesis que se ha extremado hasta el paroxismo con las últimas dos reformas legislativas (la de 2010 y la de 2012) en las que se ha practicado una auténtica “revolución” en el Derecho Social, facilitando el despido, las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo y acabando con nuestro sistema de negociación colectiva. Sin embargo, la tasa de paro es más alta que nunca.
No han sido ajenas a esta deriva, desde luego, las iniciativas persistentes de la Unión Europea al respecto. Animada por ese mismo vértigo neoliberal, y por sus tendencias más conservadoras, la Unión se ha lanzado a promover visiones que, como la de la flexi-seguridad adelantada por el Libro Verde de la Comisión Europea del año 2006, “Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI” fundamentaban ideológicamente todas estas transformaciones. Una perspectiva que ha servido, en la práctica, para favorecer la desregulación flexibilizadora de despidos y condiciones laborales, extremado la “flexibilidad”, mientras la supuesta “seguridad” que la iba a acompañar ha sido simplemente abandonada (recordemos que en el año 2012 se recortaban las prestaciones por desempleo en el Estado Español, así como las partidas destinadas a las políticas activas de empleo).
Se trata de una transformación profunda: en unas décadas (y, ya lo hemos dicho, con una aceleración creciente en los últimos años de la crisis) hemos pasado de un mercado laboral centrado en la existencia de relaciones indefinidas, con un cierto contrapoder sindical y normas claras, a la emergencia de un “mercado dual”, con una amplia capa precaria, cuya misma existencia está sirviendo de ariete que ha permitido arrumbar los derechos laborales de todos.
El resultado final de esta estrategia es la disminución creciente de los salarios y, por lo tanto, de la demanda agregada, profundizando la crisis. Si la mayoría de la población (los asalariados de todo tipo) no puede consumir, es normal que las PYMES locales no tengan clientes y deban cerrar. La dinámica de abaratar el trabajo a toda costa sólo termina favoreciendo a la gran empresa transnacional, que juega a deslocalizar la producción, forzando a las poblaciones del globo a competir entre sí para generar ámbitos “amistosos” respecto de sus intereses. Justo el tipo de política antisocial y neoliberal que, implementada por organismos como la actual Unión Europea, genera dinámicas de saqueo como la que estamos viviendo contra la economía española.