Es triste conocer y desmontar una mentira que figura en el propio texto que se nos da como guía de convivencia. La Constitución especifica esplícitamente el deber de los partidos de funcionar de forma democrática (Artículo 6), pero basta analizar los reglamentos de los partidos y su funcionamiento en la práctica para ver que no es así. Veamos algunos ejemplos:
- Los cabezas de lista al Congreso por Madrid, más tarde los candidatos que el Rey suele designar a la Presidencia, no son elegidos prácticamente nunca mediante primarias. Los procesos de primarias, cuando se dan, ponen todo tipo de trabas a la libre participación, siendo su objetivo nombrar al candidato que cumplirá las directivas de la dirección
- Las cúpulas de los partidos son las realmente decisorias y frente a ellas el militante raso carece de papel alguno. Sus bases no tienen protagonismo ni capacidad de desarrollo, a veces ni la posibilidad de debatir las decisiones.
- Los parlamentarios que salen elegidos, en principio los únicos dueños legales de sus escaños, al no existir la posibilidad de revocación de cargo electo, son incluidos o no en las listas por las cúpulas de los partidos sólo si han actuado según se les dicta desde la dirección de su partido, exigiendo como pago la disciplina de voto, es decir, que siempre voten lo que les dice el partido, no lo que dictan sus valores o ideología.
- Nadie conoce a ciencia cierta los procedimientos de financiación de los partidos. Los informes sobre la corrupción en España que publica la Comunidad Europea ni siquiera son traducidos. Los partidos, para pagar las campañas electorales y su funcionamiento interno asumen estratosféricas deudas con la banca en condiciones muy ventajosas que ninguna empresa o ciudadano particular obtendría jamás. En muchos casos los bancos llegan al extremo de perdonar esas deudas a los partidos.
- Dado que ni con esta financiación es suficiente para satisfacer los sobresueldos en sobres, fiestas, etc, desde la llamada transición democrática son innumerables los casos de corrupción política de los partidos que han tocado poder, enjuiciados y sentenciados. Sin embargo, son muy pocos los políticos que han pasado por prisión, debido a lentitud o malas instrucciones de los procesos, penas claramente insuficientes, no tipificación de los delitos cometidos o el indulto de los reos, sin devolver un euro de lo robado, permitiendo realizar el saqueo desde la más absoluta impunidad.
Queremos participar porque queremos decidir, y no nos dejan o nos imponen condiciones incompatibles con la democracia: exigimos la protección constitucional de las elecciones primarias abiertas a todas las personas, la independencia de los parlamentarios sobre el control de las élites de sus partidos, una ley de transparencia que de veras lo sea, pero sobre todo, un control directo y vinculante de las personas sobre el funcionamiento de los partidos políticos, mediante herramientas como la revocación de cargos electos. No puede haber democracia si quienes se atribuyen la voluntad popular no funcionan de forma democrática.
Grupo de Trabajo de Política a Corto Plazo
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