Veamos: En 2010 la deuda española se repartía en un 16% de las Administraciones Públicas; el resto era deuda privada, forzada al calor de la burbuja inmobiliaria, acumulando ingentes beneficios. Mientras, unos gobernantes acometían obras faraónicas a mayor gloria de promotores y constructores con los que corromperse.
Cuando estalla su burbuja, un Estado privado de ingresos regulares y corroído por la evasión fiscal comienza a endeudarse. Pero a pesar de ello, hubo dinero público para salvar a los mismos bancos que nos metieron en la crisis, y una deuda que no hace más que crecer.
Ahora, aquellos que se beneficiaron con la deuda, nos exigen sacrificios para dirigir todos los recursos posibles al pago de sus intereses. Pero, ningún gobierno nos preguntó si estábamos de acuerdo con estas medidas, ni si aprobábamos los rescates bancarios. El pueblo tiene derecho a saber que parte de la deuda es ilegítima y cual no se puede y no se debe pagar. Otros países ya lo han hecho.
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