La semana del 11 al 17 de marzo nos movilizaremos por la Europa de las personas y contra la Europa de los mercados. Decenas de colectivos y organizaciones de toda Europa llaman a la protesta coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea de Bruselas de los días 14 y 15. En Madrid, se han convocado multitud de acciones que culminan el sábado 16 con una gran manifestación. Puedes ver toda la información pulsando aquí
El fracaso del proyecto europeo a través de la historia de sus tratados
La construcción de Europa es la historia de una democracia amordazada, en la que los intereses de los pueblos y los ciudadanos vienen supeditados a los intereses del capitalismo financiero y de las grandes corporaciones, que imponen sus leyes.
A lo largo de 50 años se han ido jalonando diferentes acuerdos políticos o tratados, cuyos objetivos y prioridades no son decididos de forma democrática por los pueblos europeos, sino que -como la historia comunitaria ha demostrado- han estado condicionados por los intereses del capital hegemónico. Primero fueron los intereses de la gran industria del carbón y el acero (la CECA), luego los de la energía nuclear (EURATOM), los de la política agraria como negocio (la PAC), las redes de transporte e infraestructuras al servicio de los grandes holdings y empresas constructoras, la directiva de servicios de interés general para desguazar los servicios públicos o el apoyo a la gran banca y la defensa de los acuerdos comerciales a través de la OMC.
Resumen de los principales acuerdos y tratados:
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1951: Creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) por los seis miembros fundadores (Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos).
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1957: Tratados de Roma. Creación por los seis países firmantes de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y una Comunidad Económica Europea (CEE). Esta última implicaría la creación de un mercado común más amplio que abarcará toda una gama de bienes y servicios.
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1968: Se suprimen los derechos de aduana entre los seis países para favorecer, principalmente, los intereses de las grandes multinacionales. Se implantan las políticas comunes, especialmente la política agrícola (PAC) y la política comercial. En la primera fase de ampliación, de 1973 a 1995, se adhieren nuevos países: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (1973); Grecia (1981), España y Portugal (1986), Austria, Finlandia y Suecia (1995).
A partir de 1985 el neoliberalismo toma carta de naturaleza en la CEE. Se generaliza la adhesión de los gobiernos de los países de la UE a los postulados del Consenso de Washington (disciplina presupuestaria, liberalización financiera y desregulación de los mercados, privatización de las empresas públicas, imposición fiscal regresiva, protección de la propiedad privada), y de la mano del FMI se abren las puertas a la implantación de este rosario de políticas neoliberales que hoy día marcan el modelo económico y social europeo.
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1987-1993: Del Acta Única al Tratado de Maastricht, por el que se crea la Unión Europea (UE).
Con el Acta Única (1986) se impulsa el mercado interior a través de la libre circulación de mercancías y capitales, y con el Tratado de Maastricht (1993) la Unión Económica y Monetaria (condiciones para el establecimiento del euro) y los criterios de convergencia necesarios para la Unión Monetaria: deuda publica inferior al 60% del PIB; déficit presupuestario inferior al 3% del PIB y tasa de inflación inferior al 1,5%. Se pasa de la transferencia de competencias sectoriales al abandono de la soberanía nacional de amplio calado político (la moneda en primer lugar, pero también la política económica nacional y regional o algunas competencias judiciales o policiales).
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1997: Tratado de Ámsterdam, en el que se desarrollan los criterios de Maastricht a través del Pacto de estabilidad y crecimiento y se pone en marcha (1998) el Banco Central Europeo (BCE), organismo independiente y opaco sin ningún tipo de control democrático a pesar de ser un banco público. De acuerdo con sus estatutos el BCE tiene como principal función el control de la oferta monetaria y el mantenimiento y la estabilidad de los precios, aunque pasa a ser, de hecho, la autoridad política y económica que, sin legitimidad democrática, determina las políticas económicas, presupuestarias y fiscales de los países de la Eurozona.
En efecto, según el artículo 123 del Tratado de Lisboa, queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. Sin embargo el BCE, de acuerdo con su política monetarista y de ayuda a la banca, es una de las principales fuentes de financiación y de préstamos a la banca privada a tipos de interés muy bajos (del 1% durante los últimos años y del 0,75% en la actualidad), que después se utilizan por los bancos privados para comprar deuda o para hacer préstamos a estados como España a tasas muy superiores, de entre el 5% y el 7%.
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2000-2010: Estrategia de Lisboa y Estrategia Europa 2020. A partir de 1999 se impulsa desde las instituciones europeas la desregulación monetaria y financiera, así como las medidas adoptadas en pro de la “promoción de la competitividad” en el sector financiero. Se transforma el panorama financiero europeo a imagen del de Estados Unidos para así poder competir a escala mundial. La libertad de movimientos de capitales y el imparable proceso de financiarización de la economía europea, que supone la subordinación de la economía real a la economía especulativa, se convierten en elementos clave de la política neoliberal (Tratado de Lisboa, art. 56 TFUE). La idea fuerza de esta estrategia es la de hacer de Europa una “gran potencia económica a nivel mundial”, pasando por encima de cualquier otro valor como los de la justicia social y la solidaridad.
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2002: La Unión Monetaria. El euro entra en circulación. La moneda única, el euro, es el símbolo de la construcción de una UE diseñada para satisfacer los intereses del capital. No era esta la única, ni siquiera la mejor opción técnicamente posible para facilitar la integración económica y social. Sin embargo, sí era el mejor mecanismo para aumentar las diferencias entre países y para garantizar el incremento de los beneficios empresariales y las rentas del capital financiero.
La moneda única se convierte en una camisa de fuerza que limita el margen de maniobra con el que cuentan los estados para gestionar su economía. La política monetaria pasa a ser competencia exclusiva del Banco Central Europeo, entrando en conflicto con el diseño y el control democrático de las políticas macroeconómicas nacionales.
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2004-2007: Proyecto de Tratado Constitucional (TC) y Tratado de Lisboa (2007), para sustituir a los tratados existentes e institucionalizar, sin posibilidad de vuelta atrás, las políticas neoliberales de la UE.
El TC es rechazado por dos referéndums nacionales (Francia y Países Bajos), y con ello se abre la mayor crisis política de la UE que dura más de tres años. Como resultado de ello los dirigentes de la UE elaboran un nuevo tratado, el Tratado de Lisboa -un refrito del anterior TC, firmado en 2007- cambiando las reglas de aprobación y forzando su imposición por encima de las constituciones nacionales y la voluntad popular de muchos países europeos. Con el Tratado de Lisboa se convierten en ley y se institucionalizan, sin posibilidad de vuelta atrás, las políticas neoliberales de la UE.
Los ejes que vertebran el Tratado de Lisboa son el mercado interior y la primacía de la competencia frente a la solidaridad. La competencia es el principio organizador de la Unión, un derecho normativo, verdadero derecho “constitucional”, que relega a la mayor parte de los otros textos europeos a meras declaraciones de intención sin alcance operativo práctico. La primacía de la competencia supedita aspectos claves como son la solidaridad entre los pueblos y las naciones europeas, entre si y en relación a terceros países; la garantía de la deuda; la política financiera común y la armonización fiscal de los países de la UE (Tratado de Lisboa, art. 102-104 del TFUE).
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2009: Entra en vigor el Tratado de Lisboa cambiando el funcionamiento de la Unión Europea.
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2011: Pacto por el Euro. Para salvar la moneda única y ser competitivos a nivel internacional es preciso acabar con la idea de la Europa Social y desmantelar el estado de bienestar conquistado por la clase trabajadora: rebajar los salarios, los derechos y las prestaciones sociales y cargarse el llamado “Estado de bienestar”. Este tratado proponía la elevación a rango constitucional del techo al déficit y de la priorización del pago de la deuda ante cualquier gasto o inversión social (educación, sanidad, etc.). España fue uno de los primeros países en acatar esta norma con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011.
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2012: El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) o Pacto Fiscal. Este tratado, conocido como Pacto Fiscal de Estabilidad, tiene como objetivo fortalecer las reglas para asegurar que los Estados signatarios apliquen unas políticas presupuestarias estrictas (políticas de austeridad presupuestaria). En particular, en lo referente a los llamados «déficits estructurales», que están planteados para no sobrepasar un límite de 0,5% del PIB de forma permanente. En el caso de que se observen desviaciones, se activará automáticamente un mecanismo corrector (art. 4), y si las medidas no se cumplen se aplicarán sanciones que pueden alcanzar hasta el 0,1% del PIB del país (art. 8).
Este tratado supone una herramienta política de primer orden en manos de la Comisión Europea o de cualquiera de los Estados miembros, que podrán denunciar estas desviaciones ante el Tribunal Europeo de Justicia. Este organismo tendrá la última palabra en caso de diferencias entre los Estados miembros.
El Pacto Fiscal restringe gravemente la libertad de los pueblos para elaborar sus presupuestos y decidir sus opciones y su futuro económico. Esta “norma básica” no es solamente un atentado contra las personas, sino también contra futuras generaciones que quedan condenadas a vivir en condiciones precarias. Con el pretexto de mantener la estabilidad presupuestaria y el objetivo de reducir el déficit, se impone una ortodoxia de la austeridad por encima de todo. De esta manera se recortan salarios y gastos sociales -y no la especulación financiera y los beneficios empresariales- para así favorecer la hegemonía de la banca y el gran capital, aunque con ello se ahonde en la recesión económica.
Este Pacto es, en definitiva, la causa de la actual desastrosa política macroeconómica de la eurozona y legitima las políticas de austeridad, de recortes, empobrecimiento y recesión en que se encuentran la mayor parte de los países de la zona euro.
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2012: Mecanismo de Estabilidad Europea (MEDE), que ha entrado en vigor el 27 de septiembre de 2012. No es tanto un mecanismo, sino más bien una nueva administración de la Unión Europea. El objetivo es suministrar préstamos (bajo estrictas condiciones) a los países de la zona euro que no puede cumplir con sus obligaciones financieras. A cambio se imponen estrictas condiciones macroeconómicas y políticas de recortes que llevan al empobrecimiento y la recesión económica de los países que soliciten los préstamos, así como la perdida de soberanía por la supervisión constante por parte de la Troika.
Consecuencias de los tratados y pactos europeos:
En definitiva, a través de estos pactos y tratados no son las personas y los pueblos los que deciden sus intereses y su futuro, sino que son el mercado y las finanzas el principio regulador básico de las relaciones entre los estados de la Unión. Y de esta forma vemos como las instituciones de la UE -la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo- han subordinado sistemáticamente todas sus políticas económicas y sociales a los dictados del sector financiero. Es decir, primero los bancos, los mercados y la estabilidad financiera, y luego los intereses de los trabajadores y las personas.
La UE y sus instituciones son directamente responsables, por acción o por omisión, de la crisis financiera y de la crisis de la deuda, y lo son principalmente de la gestión errónea de la crisis a través de las políticas de austeridad fiscal aplicadas. Estas políticas de brutales recortes sociales y laborales nos están llevando, en España y en Europa, a la recesión y al desastre económico; al desempleo insoportable; al desmantelamiento de los servicios públicos; a la polarización social y salarial; a la pérdida de la vivienda y los desahucios; y, en definitiva, al empobrecimiento generalizado y al aumento de la exclusión social, además de aumentar las diferencias económicas entre países.
Estos tratados han vaciado de contenido las políticas de convergencia económica y de cohesión social que formaban parte del reivindicado “Modelo Social Europeo”, acabando con los restos del llamado “Estado de Bienestar”. Estos logros que nos han usurpado representaban las conquistas democráticas y sociales de la clase trabajadora europea a lo largo de más de 140 años. Esto es: el naufragio de la construcción europea y el suicidio de Europa.