La semana del 11 al 17 de marzo nos movilizaremos por la Europa de las personas y contra la Europa de los mercados. Decenas de colectivos y organizaciones de toda Europa llaman a la protesta coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea de Bruselas de los días 14 y 15. En Madrid, se han convocado multitud de acciones que culminan el sábado 16 con una gran manifestación. Puedes ver toda la información pulsando aquí
Desde el gobierno y los medios de comunicación nos dicen que el origen de la crisis está en el elevado endeudamiento de la economía española. Nos explican que tod@s hemos contribuido a generar esta deuda al vivir por encima de nuestras posibilidades y ahora la única solución es apretarse el cinturón. Efectivamente, la economía española tiene un problema de sobre-endeudamiento. Según datos del Banco de España, la deuda total llegó a suponer, en septiembre de 2012, el 481% del PIB. Pero el responsable principal no son las Administraciones Públicas, que acumulan únicamente el 20% del total, sino el sector privado, quien es responsable del 80%, principalmente la banca y las grandes empresas no financieras. De esta manera, el 38% del total de la deuda ha sido generada por empresas, el 24% por instituciones financieras y el 18% por familias.
Así pues, la deuda española tiene un origen fundamentalmente privado, en gran parte resultado de las burbujas inmobiliaria y financiera, iniciadas a finales de la década de 1990, con las que empresas, constructoras, inversores en busca de beneficios rápidos, bancos y cajas, amasaron grandes beneficios. Dicha burbuja fue potenciada por legislaciones nacionales como la Ley de liberalización del suelo, aprobada por el Partido Popular en 1996, que facilitaba a los municipios la re-calificación del suelo no-urbanizable en urbanizable, así como la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro de 1997, que permitió a dichas entidades abrir oficinas por todo el estado español, perdiendo su vinculación con el territorio y asumiendo las mismas actividades especulativas que la banca privada y de inversión.
Sin embargo, la Unión Europea (UE) también es directamente responsable de la génesis de la deuda. A pesar de las declaraciones de buenas intenciones, por las que la UE y el euro fueron presentados como herramientas de democracia, solidaridad entre naciones y bienestar para los pueblos, su diseño y funcionamiento han favorecido la actividad especulativa de las élites económicas y financieras. Por un lado, de acuerdo a la tendencia internacional, ha potenciando el libre flujo de capitales y la liberalización del sector financiero. Por otro lado, ha promovido una estructura económica basada en la especialización centro periferia, según la cual España tuvo que especializarse en el sector de la construcción y en el turismo. A lo cual se debe sumar la creación de una unión monetaria entre países con realidades económicas muy diferentes, sin los adecuados sistemas de compensación y redistribución, dando lugar a que los excedentes comerciales de los países del centro fueran subvencionados con los déficits crónicos de los países de la periferia. El resultado final fue que dichos excedentes se convirtieron en una gran cantidad de dinero que fluyó, a partir del año 2000 con la adopción del euro, desde las élites financieras del centro de Europa a las burbujas especulativas de los países de la periferia, donde conseguían una alta rentabilidad a un riesgo mucho menor que en el pasado, pues ya no existía la incertidumbre del cambio de moneda.
Así pues, las instituciones y políticas económicas de la UE han aplicado un programa de políticas económicas cuyo resultado ha sido un sistema financiero capaz de redirigir con toda libertad los recursos de la economía real a la economía especulativa, proporcionando el crédito necesario para hinchar la burbuja inmobiliaria española. Las entidades financieras también obtuvieron financiación del Banco Central Europeo (BCE), institución que les suministraba crédito en torno al 1% de interés. De esta manera, obtenían grandes beneficios con el endeudamiento de empresas y hogares, pues los préstamos que les concedían eran a un interés superior al que ellos mismos obtenían del BCE o de otros bancos. Mientras, las familias tuvieron que hipotecarse hasta 40 años para tener acceso a una vivienda cuyo precio no paraba de subir, mientras sus salarios se mantenían congelados en términos reales, siendo este el origen de las tres cuartas partes del endeudamiento actual de las familias.
Pero en 2007 saltó la crisis crediticia en Estados Unidos, lo que paralizó el crédito inter-bancario a nivel internacional. Las entidades financieras españolas ya no tenían fondos para continuar hinchando la burbuja y cortaron el crédito a inmobiliarias, constructoras y familias. La rueda especulativa frenó en seco y la quiebra del sector de la construcción, que absorbía una gran parte del trabajo asalariado en España, puso en la calle a muchas personas que ya no podían hacer frente al pago de su hipoteca, al mismo tiempo que muchas empresas no podía devolver los créditos otorgados por las entidades financieras. De esta manera, bancos y cajas vieron como sus balances se llenaban con activos sobre-valorados por la burbuja, así como créditos que puede que nunca lleguen a cobrar.
Por tanto, podemos afirmar que el origen de la crisis española es la elevada deuda privada resultado de la burbuja inmobiliaria con la que la élite económica y financiera de este país obtuvo tremendos beneficios. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea señalan como culpable de la crisis a la elevada Deuda Pública. Esto es sencillamente imposible, ya que el año anterior a la crisis, en 2007, la deuda pública española era del 47,5% sobre el PIB. Una de las más bajas de Europa. Su aumento en los años sucesivos, llegando al 77,3% del PIB en 2010, al 88,6% del PIB en 2011, hasta el 96,2% del PIB en septiembre de 2012, ha estado vinculado de una u otra forma con esta deuda privada. Ya sea por (a) la enorme cantidad de dinero público que se ha dado a los bancos, transformando así su deuda privada en deuda pública (en septiembre de 2012 la cantidad era mayor a 144.000 millones de euros, más del 14% del PIB); (b) por el aumento del paro y el cierre de pequeñas y medianas empresas consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, la cual fue alimentada por los bancos y grandes empresas, en connivencia con la clase política; (c) por la política fiscal regresiva promovida en las últimas décadas, e impulsada desde la UE, gracias a la cual las grandes empresas y fortunas del país pagan cada vez menos impuesto, haciendo depender los ingresos del Estado de los impuestos que gravan las rentas medias; (d) o por el aumento de los intereses de la deuda, los cuales crecen tanto por el aumento del total de la deuda pública que se acumula, como por el efecto de la especulación en los mercados financieros, ya que a partir de la crisis de 2008 los títulos de deuda pública se convirtieron en el nuevo activo refugio con el que poder continuar con el negocio de la especulación. De hecho, las mismas entidades financieras que son rescatadas con fondos públicos son las que compran los títulos de deuda en los mercados financieros para especular con ellos y seguir sacando beneficios.
Ante esta situación, las medidas impuestas por la UE para, teóricamente, salir de la crisis, no inciden en el origen del problema, sino que se centran, en primer lugar, en fortalecer los mecanismos que asegurar el cumplimiento de los límites de déficit y deuda pública, fijados en el 3% y el 60% del PIB respectivamente, a través de instrumentos como el Pacto del Euro, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o cambios en las Constituciones Nacionales, tal es el caso de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. La justificación es que sobrepasar dichos límites podría generar inflación, priorizando conservar el propio valor del dinero por encima de la generación de empleo o el bienestar de la población. Evidentemente a quien más le beneficia que no suba el nivel de precios bajo ninguna circunstancia es al sector bancario, que vería como el valor de sus activos se reduce. En segundo lugar, se crean mecanismos supranacionales con los que la deuda privada se convierte en pública, como el MEDE. Gracias al cual, recursos públicos de toda Europa son transferidos a los bancos, para que puedan sanear sus cuentas. Pero siempre a través del Estado, quien es el responsable, en último término, de su devolución.
Estos rescates tienen como contrapartida las llamadas “reformas estructurales”, cuyo objetivo oficial consiste en mejorar la competitividad y aumentar la credibilidad de las economías frente a los mercados financieros, lo que supuestamente garantiza el crecimiento futuro y hará que salgamos de la crisis. Sin embargo, dichas reformas se materializan lo siguiente: Por un lado, para mejorar la competitividad, se devalúan los salarios con objeto de que las exportaciones sean más baratas y se flexibiliza el mercado laboral, es decir, se eliminan derechos laborales, para garantizar los márgenes de beneficios empresariales. Por otro lado, para aumentar la credibilidad frente a los mercados financieros se disminuye el déficit público vía reducción de gasto, lo que lleva aparejada la privatización de servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad y las pensiones. Estas políticas, en realidad, son una continuidad del programa político neoliberal que definió el funcionamiento de la UE y que es corresponsable de la crisis a la que hemos llegado. Siguen beneficiando a las mismas élites económicas, socializando sus pérdidas a través de la transformación de sus deudas privadas en deuda pública, garantizando sus márgenes de beneficios y nuevos nichos de mercado a través de las privatizaciones. Todo ello a costa de acabar con nuestros derechos laborales, sociales, económicos y políticos, aplicándonos las mismas políticas de ajuste y austeridad que se impusieron a los países de América Latina, África y Asia, en décadas pasadas, para garantizar el pago de una deuda que sumió a sus pueblos en la pobreza y en una “generación perdida”.
En conclusión, podemos asegurar que la mayor parte de la deuda española actual, tanto privada como pública, no ha tenido como origen la financiación de bienes o servicios que hayan beneficiado al conjunto de la población, sino el enriquecimiento privado de una minoría poderosa. Por todo esto podemos decir que la deuda es ilegítima y no debe pagarse.
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