La semana del 11 al 17 de marzo nos movilizaremos por la Europa de las personas y contra la Europa de los mercados. Decenas de colectivos y organizaciones de toda Europa llaman a la protesta coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea de Bruselas de los días 14 y 15. En Madrid, se han convocado multitud de acciones que culminan el sábado 16 con una gran manifestación. Puedes ver toda la información pulsando aquí
¡IMPUESTOS SI, PERO QUE PAGUE MÁS QUIEN MÁS INGRESA!
La evasión y el fraude fiscal es una de las formas más efectivas para desnaturalizar y vaciar la democracia. Al contrario, reclamar más impuestos con una progresividad redistributiva y controlar socialmente que se empleen de una forma justa, es una de las mejores estrategias para impulsar la democracia participativa y reforzar el poder ciudadano.
El empobrecimiento de la democracia y el retroceso de la participación de una ciudadanía que rehúye de “la política” son por tanto procesos que van paralelos a la regresión fiscal, especialmente en nuestro país donde en las últimas décadas se han ido reduciendo, o incluso eliminando, impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, que han conseguido pagar cada vez menos.
El hecho es que sufrimos una fiscalidad injusta ya que las rentas del trabajo tienen impuestos superiores a las rentas del capital. La renta general (donde se incluyen las rentas del trabajo) tributa a un tipo mínimo del 24% mientras que las rentas del ahorro (rendimientos de capital y ganancias patrimoniales) tributan a un tipo del 19% hasta 6.000 euros y a partir de 6.000 tributan del 19 al 21%.
El Impuesto de Sociedades entre 1990 y 2009 bajó del 35% al 30%, pero además existen una serie de deducciones y exenciones fiscales aplicadas que lo rebajan aún más. Así por ejemplo, lo que realmente pagaron las empresas de media en 2010 fue solo el 16,7% de su base imponible, pero lo verdaderamente escandaloso fue que el tipo real se quedó en el 8,3% (lo pagado respecto del resultado contable positivo), cuando en 2006 había sido el 19,9%. Son los grandes bancos y las empresas que facturan anualmente más de 180 millones de euros quienes consiguen tributar a tipos impositivos hasta 5 puntos por debajo del que lo hacen las pequeñas empresas.
El resultado de esta fiscalidad injusta es que en tan solo tres años, de 2007 a 2010, el Impuesto de Sociedades ha visto reducida su recaudación en un 64% (28.625 millones de euros), que por sí solo suponen el 70% de la caída global de la recaudación fiscal. La crisis ha influido ciertamente en ello pero asombra saber que en países como Alemania o Francia los ingresos públicos en porcentaje del PIB han caído infinitamente menos (0,2% y 0,3% entre 2007 y 2008).
En España tenemos una fiscalidad que privilegia a los que más tienen e ingresan, como lo prueba el que se han eliminado ciertos impuestos (el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones) y el que se mantengan facilidades para que las grandes fortunas tributen sólo al 1% gracias a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).
Una fiscalidad justa que volviera a fijar en el 35% el tipo impositivo para las 5.740 mayores empresas del país (las que facturan anualmente más de 45 millones de euros) supondría recaudar, según el sindicato de técnicos de hacienda (GESTHA), 14.000 millones de euros anuales, esto es, aproximadamente el doble de lo que espera obtener el Gobierno con la subida del IVA al 21%, una medida injusta que grava a los que menos tienen y a sectores básicos como la cultura.
Otro aspecto fundamental de la fiscalidad injusta que padecemos es un Fraude Fiscal que se estima en 90.000 millones de euros y procede en un 72% de las grandes corporaciones y fortunas, que con total impunidad operan en Paraísos Fiscales con el apoyo de la banca y el secreto bancario. Un cuarto del fraude corresponde a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y apenas el 3% restante lo realizan los particulares. Con estos datos, resulta indignante que las directrices políticas de la Agencia Tributaria obliguen a seguir dedicando el grueso de las inspecciones a particulares, autónomos y PYMES y no a investigar las grandes fortunas y empresas que son las responsables de esas tres cuartas partes de la evasión fiscal. Igualmente indignante es que se haya premiado a los grandes defraudadores a través de la recientemente implantada Amnistía Fiscal, que permite a los defraudadores “regularizar” sus cuentas, al módico precio de un 10% de lo defraudado, como máximo.
Es muy significativo el hecho de que España, junto con Grecia, Portugal e Irlanda, sea el país europeo donde los ingresos fiscales del estado son menores (33% PIB frente al 39% en la UE), y esto es consecuencia directa de ser los países de la UE donde menos impuestos pagan las grandes fortunas y empresas, mientras que los trabajadores asalariados pagan cada vez más.
Los tratados en vigor en el ámbito europeo fomentan una competencia impositiva suicida entre los estados, que resulta muy perjudicial para las arcas públicas de la mayoría de ellos. Irlanda, Holanda, Luxemburgo, entre otros, se disputan con sus rebajas impositivas la relocalización de fortunas y filiales de grandes empresas, proceso que no acabará hasta que se produzca una profunda armonización fiscal. La prevista Unión Fiscal, elaborada por los líderes del BCE, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurozona, no va a solucionar estos problemas, al limitarse a establecer un escaso presupuesto para la eurozona dirigido a premiar con ayudas a los países que más ajustes antisociales realicen, y lo que es más grave, a someter los presupuestos de los estados miembros a la aprobación previa de la Comisión y el Consejo, cuyos miembros no son elegidos por la ciudadanía.
Por otra parte, la banca y las grandes empresas siempre se han opuesto a la introducción de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que finalmente -y aunque en una formulación claramente insuficiente que no sirve a los objetivos de redistribución y eliminación de las prácticas especulativas- van a aplicar 11 países europeos, entre ellos España.
Intensificar la presión fiscal a las grandes fortunas y macroempresas apenas repercutiría en la actividad económica y en la generación de empleo, ya que se trata de ingresos que se invierten en un 99% en actividades especulativas de los mercados financieros. Serían ingresos que reforzarían la sostenibilidad presupuestaria y la suficiencia fiscal de los estados, a los que, además, el Banco Central Europeo debería financiar directamente y no proporcionando negocio a la banca privada.
En definitiva, acabar con esta fiscalidad injusta es la mejor forma de reforzar el Estado Social a través del mantenimiento de los servicios públicos; redistribuir la riqueza aplicando los principios de progresividad y justicia y dirigir la política económica del estado gravando en mayor medida aquellas actividades de menor interés general o con efectos indeseables para el conjunto de la sociedad.
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