La realidad es que la Constitución española restringe seriamente las posibilidades de participación política de los ciudadanos, limitada al voto cada cuatro años y enmarcada un sistema electoral poco proporcional y bipartidista. Nuestro actual marco legal no sólo no reconoce mecanismos de participación deliberativa y de autogestión local, sino que también constriñe los canales de participación propios del parlamentarismo liberal. En este sentido, permite únicamente la celebración de plebiscitos consultivos, nunca vinculantes.
Prohíbe, además, toda iniciativa popular que pretenda convocar referéndums y no reconoce el derecho a revocar a cargos electos y derogar leyes. Mientras tanto, como se puso de relieve el pasado agosto de 2011, los partidos mayoritarios pueden reformar aspectos esenciales de la Carta Magna sin necesidad de consultar a la ciudadanía.
Herramientas participativas presentes en países europeos y latinoamericanos, como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), están severamente restringidos en España, de hecho, de las 88 ILP’s presentadas desde 1982 hasta la actualidad tan sólo una se ha convertido en ley. Todo un ejemplo del escaso compromiso de nuestros legisladores con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aluden a los derechos participativos de lxs ciudadanxs.
Consideramos condición de todo sistema que se precie democrático garantizar una participación política plural y equitativa que permita:
- Desarrollar nuevas formas de organización, deliberación y autogestión de la ciudadanía.
- Promover mecanismos de autogestión local
- Potenciar la deliberación activa y responsable de los ciudadanos en los asuntos públicos.
- Canalizar aquellas demandas populares que no encuentran eco en los partidos mayoritarios.
- Ejercer un mayor control ciudadano y transparencia de los poderes públicos.
- Comprometer a la ciudadanía en la gestión de los bienes colectivos
Grupo de trabajo de política a corto plazo Sol
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