Desde su aprobación en 1978, hace más de 30 años, se ha mantenido la creencia de que la Constitución vigente es perfecta, intocable, fruto del “consenso” que impregnó una transición modélica y símbolo de la reconciliación de los españoles. Cualquier modificación se consideraba peligrosa, por el riesgo de reproducir enfrentamientos fratricidas del pasado, o por ser tarea casi imposible dada la complejidad del proceso. Estas reticencias se magnificaban frente a cualquier iniciativa de reforma sobre la corona, la ley electoral o el estado autonómico.
Mentían, desde luego. Los mismos políticos que vetan estos debates no han tenido problema en llevar a cabo en 2011 una reforma constitucional sumamente agresiva contra los intereses ciudadanos, impuesta por los mercados, emanada de un Gobierno en el final de su mandato, y en un tiempo récord, sin debate, consulta o explicación alguna a lxs ciudadanxs.
La Constitución puede modificarse, ya lo vemos. Sencillamente no existía ni existe voluntad política para hacerlo bajo unos términos democráticos: escuchando las propuestas ciudadanas, facilitando un debate abierto y sometiéndola finalmente a un referéndum vinculante.
La verdad es que la Constitución es un documento que ninguno de nosotros con menos de 52 años pudo votar, y que se aprobó con una abstención del 33% y con un 11% de los votos en contra, blancos y nulos. Unos resultados, dado el carácter de la consulta y la gran presión mediática e institucional en favor del “SI”, que poco tienen que ver con un aplastante aclamación popular, como se nos trata de hacer creer.
Reclamamos una profunda modificación constitucional, que incida en una reforma de la Iniciativa Legislativa Popular para transformarla en la herramienta que permita a los ciudadanos decidir qué reformas deben llevarse a cabo. Reclamamos que las decisiones emanen del debate, en un contexto real de participación e información para todxs. Proponemos la abolición del plebiscito consultivo y la legalización del referéndum vinculante: que el pueblo realmente decida. Abandonemos para siempre esta política inmovilista y su discurso del miedo contra la participación ciudadana, porque los únicos cambios realmente útiles y necesarios son los que desarrollamos entre todxs mediante mecanismos de democracia participativa.
[…] La Constitución es intocable […]