Los graves problemas asociados a la energía nuclear (posibilidad de accidente nuclear, proliferación de armas, ausencia de un plan a largo plazo para los residuos, agotamiento del uranio, etc.) se presentan a menudo como algo que debe ser asumido como contraparte de su gran ventaja: el bajo coste. La realidad es que, por mucho que se repita, la afirmación de que la energía nuclear es la más barata es falsa, ya que su precio no internaliza la mayoría de costes que tiene asociados.
El presupuesto de ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares, es costeado por las propias centrales solo desde 2005 (hasta entonces, es decir, durante gran parte de la vida útil de las centrales, lo hemos pagado todos los consumidores). Además, los planes de gestión de residuos solo presupuestan esta gestión hasta 2070. Nadie está pagando por lo que costará gestionar y vigilar estos residuos durante los miles de años que sean radiactivos.
En caso de accidente las empresas nucleares tienen un límite a pagar de 700 millones de euros, ya que el resto lo cubrirá el Estado. Es este un claro ejemplo de subvención encubierta. Varios estudios señalan cómo, si las centrales nucleares pagasen la prima riesgo asociada al seguro real que necesitan, su coste actual se duplicaría.
Para desmontar el argumento del coste no hay más que poner de manifiesto el hecho de que en España, desde que en 1997 con el fin de la moratoria nuclear se volvió a permitir la construcción de centrales nucleares, no se ha instalado ninguna. Sus razones tendrán, probablemente más económicas que ecológicas, los promotores de esta fuente de energía para no embarcarse en la construcción de nuevas centrales.
Debemos exigir por lo tanto que todos los costes asociados a la energía nuclear sean internalizados en su precio para que la comparación con otras fuentes de generación sea en términos justos.
El observatorio crítico de la energía
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