Esta es una de las excusas del gobierno para imponer la nueva reforma laboral. En realidad, lo que se persigue al abaratar el despido es reducir los costes laborales de las empresas y que los trabajadores acepten una reducción de su salario por el miedo a ser despedidos. Facilitar el despido y bajar los salarios mina la confianza de los trabajadores y deprime su capacidad adquisitiva, lo que reduce el consumo y las ventas, por lo cual las empresas no necesitarán más trabajadores, sino menos. Las pequeñas empresas, más dependientes del consumo interno, se verán obligadas a cerrar.
Con la anterior legislación, España consiguió en 2007 tener la tasa de desempleo más baja de su historia, del 8,3%, lo que demuestra que el nivel de empleo es independiente de la regulación laboral.
Nos dicen que si bajamos los costes salariales seremos más competitivos, pero si todos los países hacen lo mismo se anula esa ventaja. Los países más deprimidos tienen salarios de miseria y un paro que incluso dobla el nuestro.
Al final, el resultado neto de la reforma laboral es el de forzar una nueva transferencia de rentas de los trabajadores a los empresarios, fundamentalmente a las grandes corporaciones: la participación de los salarios en la renta nacional ha caído de forma ininterrumpida desde 1992. Los salarios reales en España cayeron un 6% entre 1994 y 2006, tendencia que se ha visto agravada durante la época de crisis.
Una sociedad mejor es aquella donde el trabajo y sus frutos se reparten equitativamente. Por eso exigimos la anulación inmediata de la reforma laboral, la elevación del salario mínimo, la regulación de salarios máximos y rentas no salariales y la reducción de la jornada y la vida laboral.
Grupo de trabajo de economía Sol
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